El diputado de La Libertad Avanza comentó detalles de un proyecto de su autoría que promueve la reforma de la Ley de Migraciones, básicamente para habilitar la rápida expulsión de extranjeros condenados por algún delito.
El diputado nacional Santiago Pauli, representante de Tierra del Fuego por el partido La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley destinado a reformar la actual Ley de Migraciones en Argentina, con el objetivo de agilizar la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados por delitos. Esta iniciativa surge, según dijo, como una medida para fortalecer la seguridad en el país, mediante la simplificación del proceso de deportación para quienes infrinjan las leyes argentinas.
En declaraciones a FM Master’s, Pauli explicó que el proyecto pretende acortar los tiempos de permanencia en el país de aquellos extranjeros que han cometido delitos. En sus palabras, “la ley de migraciones que tenemos hoy dice que el extranjero que está cumpliendo una pena, que está detenido, tiene que cumplir la mitad de su condena y ahí podría ser expulsado”. Sin embargo, subrayó que en la práctica este requisito resulta difícil de ejecutar debido a «alguna razón burocrática o alguna cuestión que tiene que ver con el accionar de abogados». Pauli destacó que su proyecto busca eliminar estas trabas, haciendo el procedimiento más ágil.
La propuesta fue desarrollada con la colaboración de otros miembros de su espacio político que se encuentran en funciones vinculadas a temas migratorios y de seguridad, como Miguel Rodríguez, delegado de Migraciones, y la legisladora Natalia Gracianía, quien preside la Comisión de Seguridad en la Legislatura fueguina. Según Pauli, se llegó a la conclusión de que la ley vigente presenta «muchas problemáticas que consideramos que hay que resolver».
El punto central del proyecto es evitar que extranjeros que cometen delitos en Argentina cumplan la totalidad o incluso la mitad de sus penas en cárceles locales. Pauli argumentó que «aquellos extranjeros que vienen a delinquir, hay que expulsarlos inmediatamente», y cuestionó la carga financiera y de recursos que representan estos detenidos para el sistema penitenciario argentino, en un contexto de falta de espacio y recursos en las cárceles. “¿Por qué le vamos a hacer cumplir la mitad de su condena, teniéndolos acá, haciéndonos cargo del gasto?”, planteó el legislador.
La propuesta también contempla la creación de un mecanismo llamado “procedimiento sumarísimo”, que establece un plazo de 30 días para la expulsión del extranjero condenado, una vez notificada la situación. “Son 30 días, porque puede pasar, la otra vez vi un caso, 400 días desde que se pidió la expulsión de alguien y todavía se está esperando”, explicó Pauli. Con este nuevo procedimiento, se busca que las autoridades actúen con mayor celeridad, evitando demoras que considera injustificadas.
Además, el proyecto incorpora una figura adicional denominada “avenimiento”, destinada a agilizar la expulsión en casos de delitos excarcelables. Según afirmó, esta figura permitiría que los inmigrantes que acepten la expulsión voluntaria puedan ser deportados de inmediato, sin la necesidad de atravesar el proceso completo de expulsión. “En el caso de los delitos excarcelables, creamos la figura del avenimiento, que significa que si la persona acepta ser expulsada, la expulsamos de inmediato y no entramos en esa rueda burocrática”, detalló.
El proyecto se enmarca en una serie de medidas que Pauli y su equipo consideran fundamentales para abordar la problemática de la seguridad en Argentina, especialmente en las provincias fronterizas o de alta recepción migratoria como Tierra del Fuego. En este contexto, Pauli resaltó que en la provincia existen actualmente «aproximadamente 50 extranjeros con delitos excarcelables que andan caminando por la calle sin ningún problema, accediendo a los mismos servicios y teniendo los mismos derechos que el argentino nacional o el inmigrante que está cumpliendo la ley», situación que consideró injusta para los ciudadanos y migrantes que respetan las normas, por lo que insistió en la necesidad de “revocar la residencia y mandarlo a su país de origen” en casos de reincidencia en delitos.
De ser aprobada, esta reforma tendría un impacto considerable en el sistema migratorio argentino, facilitando la expulsión de inmigrantes condenados, independientemente de si sus delitos resultan en penas de prisión efectiva o excarcelable. Según Pauli, el espíritu de la iniciativa no va en contra de la inmigración en sí, sino contra aquellos que vienen al país y quebrantan las leyes: “Si tenemos extranjeros que vienen como inmigrantes al país, tienen una residencia, cumplen con la ley, aceptan lo que la ley le pide para poder venir, vivir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida, es fantástico y hay que ayudarlos. Pero aquellos extranjeros que vienen a delinquir, hay que expulsarlos inmediatamente”.
La iniciativa del diputado Santiago Pauli promete abrir el debate sobre la capacidad del sistema para procesar y ejecutar de manera eficiente la expulsión de extranjeros que infrinjan la ley, y si estos mecanismos son una solución efectiva o una medida paliativa frente a desafíos estructurales.
