Por Néstor Schumacher – En el medio de un difícil contexto económico, el anuncio del Gobierno Nacional sobre el incumplimiento de 5 empresas textiles a las condiciones propuestas en la prórroga del Régimen Industrial, genera una tensión donde 400 puestos de trabajo quedan en vilo. Mientras algunos ven este movimiento como una simple cuestión de no cumplir ciertas condiciones, otros perciben la medida como parte de una dirección para dar por tierra de facto la Ley N° 19.640.
Si bien los nombres no fueron informados aún, todo parece indicar que tanto Hilandera Río Grande, Sueño Fueguino, Barpla, Fabrisur como Claad (Australtex) habría incumplido lo establecido por el Decreto 594/23, que dio prórroga al régimen hasta 2028 y brinda los ya tan conocidos beneficios impositivos y aduaneros. Saliendo del árbol que es la noticia, hay un bosque entero de señales que nos deja el gobierno de Javier Milei para entender su posicionamiento con respecto a la industria nacional.
Desde sus declaraciones el economista liberal a cargo de los destinos del país ha sido claro: hay una ley vigente y el Régimen de Promoción no se toca. Así también lo dictamina el Presupuesto 2025, que presentó públicamente hace un par de domingos en un acto inédito dentro del Congreso de la Nación. No obstante, de ser un presidente que destaca por su ortodoxia ideológica, las acciones de Milei están limitadas por el contexto.
Milei ha dejado en claro con su forma de gobernar, de lógica desrreguladora donde el mercado ordena y una ideología filosófica de tinte anarcocapitalista, que el proteccionismo industrialista de los liberales norteamericanos o europeos no es su línea política. En otras palabras, Trump en Estados Unidos u Orbán en Hungría son nacionalistas liberales, mientras Milei podría ser considerado liberal transnacional. Esta disidencia ideológica se explica en los distintos estadios de desarrollo de los países, que cuentan con distintos tipos de necesidades y herramientas.
Para el gobierno, mientras más jugadores haya y menos Estado, hay más libertad y por ende más desarrollo. Independientemente de nuestro juicio de valor sobre la posición teórica o ideológica del presidente, queda en evidencia que una ley como la N° 19.640 está en las antípodas a ese pensamiento. Para el oficialismo, la producción de bienes y servicios se organiza con base en las preferencias de las empresas y las utilidades que obtienen, no por una lógica de soberanía o desarrollo industrial como es el espíritu del Régimen.
Si a esta disidencia ideológica le sumamos algunos históricos lobbistas en contra de la industria fueguina, que cada tanto sobrevuelan la viabilidad del Régimen y fueron los principales detractores de su prórroga, más un nuevo proyecto de Ley presentado por los diputados Diana Fernández Molero y Alejandro Bongiovani del PRO que buscan quitar los aranceles de importación a dispositivos electrónicos, todo indicaría una cosa. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, es un perro.
La quita de aranceles propuesta en esta última semana no es una receta nueva: ya se había hecho desde el ejecutivo de Mauricio Macri, algo que impactó de forma muy negativa a la industria electrónica fueguina y desencadenó en la pérdida de miles de puestos de trabajo mayoritariamente en Río Grande. Desde el Gobierno, parecen tomar con mayor mesura este proyecto, ya sea por la pérdida de ingresos de estos aranceles que ronda el 0,11% del PBI en un momento donde el Ejecutivo necesita mostrar un superávit fiscal, así como por el descalabro que generaría sobre todo en la industria de celulares que es bastante más robusta que la de computadoras portátiles.
Todas estas señales, muchas veces realizadas por las segundas líneas o que surgen de la interpretación sobre otras posiciones, siembran un manto de duda en una provincia e industria que fundamentalmente necesita certezas para continuar creciendo, invirtiendo y desarrollándose. Es imperioso generar competencia, pero deben establecerse plazos y reglas claras para que haya procesos de adaptación y diversificación de la matriz productiva. Este no es un proceso que pueda resolverse en un par de meses. Los cambios de shock, aunque a veces efectivos, no son la solución definitiva a todos los problemas argentinos y suelen acarrear consecuencias severas en lo inmediato. De nada sirve tener computadoras baratas, si se pierden los puestos de trabajo que movilizan la economía para comprarlas. Así, el gobierno queda entre la espada de su ideología y la pared de su necesidad recaudatoria y un capital político que sufrió algunos golpes las últimas semanas. Aunque la amenaza no parece inminente, cada medida parece dejar una huella o pista de lo que podría venirse: una fórmula de experiencias fallidas, fábricas cerradas y familias a la deriva.
