Según el acta de la reunión, Luis Bechis faltó a la cita “sin aviso” y en su ausencia tomaron la determinación. Esgrimieron que “reiteradas inconductas” del dirigente judicial fueguino y realizaron un repaso de las acusaciones que los integrantes de la Comisión Directiva Nacional consideraran “negativas e inconducentes”, desembocando en esta drástica decisión.
A su vez, aseguran que este enfrentamiento de Bechis con la conducción nacional “se remonta al momento de la decisión de la compra del edificio de Perón 1818 y en ocasión de decidirse la compra del mismo -hace un año, en el seno de esta comisión directiva- Bechis manifestó su acuerdo y congratulación por la decisión”.
“Sin embargo, la primera alerta la tuvimos cuando, a pocos meses de realizada la compra venta, inició una campaña en contra de la misma, confundiendo a afiliados y militantes con mentiras como el ‘grave endeudamiento’ ocasionado al gremio, cuando en realidad se consolidó nada menos que una duplicación del patrimonio de la UEJN”, recriminan los dirigentes en el acta.
También manifiestan que es una conducta “bastante irregular para un Secretario Adjunto. Esa conducta se explicaba a pocos meses cuando decide armar una lista opositora, pero no tiene la honra de renunciar a su cargo y despliega una campaña basada en esa y más mentiras que, ‘sabía que no llegaría a nada’, pero en todos lados se encargó de decir que ‘al menos haría daño’”.
“Es incomprensible para quien busca el bienestar del conjunto de los trabajadores que alguien que se dice representante, busque como fin ‘hacer daño a la organización de los trabajadores’. Esa campaña de ‘sé que no vamos a ganar, pero vamos a hacer daño’, la despliega a lo largo y ancho del país, con un magro resultado electoral del 11% de votos a nivel nacional e incluso en su provincia, Tierra del Fuego, pierde 250 a 221. Esta lógica de hacer daño que solo puede caber en la cabeza de un psicópata hubiera sido suficiente para apartarlo de su cargo, pero fue decisión de esta organización evitar la victimización en el marco de la elección”, detallan.
En ese marco, en el acta señalan que, “en el curso de la campaña, en ocasión de las recorridas, tomamos conocimiento de las inconductas desplegadas por Bechis y compañía en el marco de la Seccional que, abusando de su autonomía, se había convertido en una PYME que facturaba por Booking.com que desplegaba una cueva financiera y que abusaba de su poder extorsionando a mujeres y hombres”.
«Nuevamente esta Comisión Directiva decidió evitar una victimización de este personaje durante la campaña, pero a pocos días de terminada la elección, definimos la Intervención inmediata de la Seccional para cesar en sus funciones a los involucrados en estas prácticas delictivas y abusivas. Este hecho trajo su corolario porque la reacción del mencionado Bechis ante la Intervención fue hostil desde el inicio, instigando los hechos violentos del primer día, el 8 de junio, el cual derivaron en las lesiones padecidas por el Auditor Contable, Carlos Bell; así como a la secretaria de Administración, Maia Volcovinsky; propinadas por Lucas Méndez y su hermano, así como en el robo de la PC de la Seccional», indicaron.
Acusan que «el mencionado Bechis, durante los días subsiguientes, lejos de permitir el accionar del Equipo Interventor, dispuso los cambios de claves de acceso al correo y sistema informático para impedir la labor de la Auditoria y de la Intervención, una actitud de ocultamiento y falta de transparencia desfachatada».
Cabe aclarar que también expresan que Bechis “mostró un desapego absoluto de la voluntad manifiesta de esta Comisión Directiva, por cuanto, a pesar de haber sido notificados de la intervención los distintos estamentos ante los que la Seccional ejerce representación, Bechis pretendió seguir usufructuando facultades de representación como Secretario Adjunto ante autoridades municipales, en consonancia con amenazas a los afiliados sobre un loteo municipal acordado con la Seccional. Para mayor agravamiento, mantuvo una diaria diatriba a través de los medios de comunicación locales que implicaron desinformación al público en general respecto de la legalidad de la intervención”.
