La Cámara de Diputados sigue teniendo la misma composición establecida por un decreto ley de la dictadura cívico militar firmado por Reynaldo Bignone hace 35 años. La conformación de 257 diputados que rige actualmente en la Cámara baja se determinó en base al último censo disponible en aquella época, el de 1980.
Sin embargo, la Constitución Nacional ordena que tras cada censo nacional “el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo”. Ya pasaron tres –en 1991, 2001, 2010– y estamos cerca del cuarto; la población creció un 43,5 por ciento y se modificó su distribución entre las provincias. En ese contexto, en julio de este año la Cámara Nacional Electoral advirtió en un fallo que la actual composición es inconstitucional y que debe ser revisada.
Pese a todo, en la víspera de un nuevo año electoral y aunque existen dos proyectos de modificación con estado parlamentario, el oficialismo continúa mirando para el costado y no tiene ninguna intención de tratar el tema en 2019. Tampoco la oposición recoge el guante. “Sí, debería actualizarse, pero no hay apoyo suficiente para hacerlo”, informaron fuentes de Cambiemos al diario PáginaI12.
El resultado no sólo es la violación de un principio básico de la democracia –una persona, un voto– sino el sesgo conservador que se le imprime a la Cámara baja con la subrepresentación de las provincias más pobladas como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe y la sobrerepresentación de las más pequeñas como Tierra del Fuego, La Pampa o La Rioja.
En ningún lugar de la agenda oficialista para el año próximo figura impulsar la adecuación de la Cámara al mandato del artículo 45 de la Constitución Nacional, tal como solicitaron los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.
“La desactualización tiene como consecuencia práctica que el voto de un ciudadano en algunas zonas tiene un valor inferior al de otro en otras zonas en las que cada representante es elegido por un número mucho menor de ciudadanos”, señalaron los jueces en su fallo. Esto ocurre porque el decreto ley 22.847 establece en su artículo 3: “El número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. A dicha representación se agregará, por cada distrito, la cantidad de tres diputados, no pudiendo en ningún caso ser menor de cinco diputados ni inferior a la que cada distrito tenía al 23 de marzo de 1976”.
De esta manera, distritos como Tierra del Fuego tienen una población actual de unos 127 mil habitantes y cinco diputados, cuando tomando en cuenta estrictamente la cantidad de habitantes le correspondería sólo 1 (originalmente el territorio nacional de Tierra del Fuego tenía 2 diputados hasta que se provincializó en 1991). En el otro extremo, el caso más grave de subrepresentación es la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene 70 diputados. De actualizarse en base al censo de 2010 (y sin modificar la legislación vigente) debería tener 100 diputados, casi un 50 por ciento más.
Las dos principales soluciones para este problema encuentran múltiples resistencias. Si se propone mantener el número de 257 diputados, habría que disminuir la cantidad de escaños en las provincias sobrerepresentadas y aumentar el de las demás. La pregunta que surge es obvia: ¿Por qué un legislador nacional estaría dispuesto a aprobar una reducción de la cantidad de bancas (y en consecuencia del poder parlamentario) de su propia provincia?
La otra solución es aumentar la cantidad total de bancas de la Cámara (en sintonía con otros países con cantidad de habitantes similar) y así las provincias “chicas” no perderían diputados en términos absolutos (aunque de todas maneras sí disminuiría su influencia porque cada uno tendría menos peso relativo). Esta salida cuenta con un obstáculo también importante: el Congreso es hoy una institución impopular y los legisladores, para un sector importante de la sociedad, cobran salarios demasiado altos para la tarea que realizan. ¿Cómo la dirigencia política explicaría que, en un contexto de ajuste brutal como el actual, el Congreso amplía sus integrantes y su presupuesto?
Además, hay otros factores estructurales: al Poder Ejecutivo tampoco lo beneficia una mejora en la representatividad del Congreso. Hoy le resulta más económico negociar apoyo legislativo con los gobernadores cuyas provincias están sobrerepresentadas. Esto lo sabe bien el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El “costo” de esos votos –por ejemplo a cambio de fondos para obra pública– para un Gobierno en minoría como el de Macri, es mucho menor que el que tendría si tuviera negociar con mandatarios de provincias más pobladas.
Como si eso fuera poco, el PRO tiene un desincentivo especial para cambiar el statu quo: su bastión principal, la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con 25 diputados cuando según el último censo debería tener 18. Es el distrito que mayor cantidad de diputados debería perder. Y si bien hoy Cambiemos tiene una buena performance electoral en la provincia de Buenos Aires, no suena muy inteligente mejorar la representatividad del distrito históricamente más favorable para el peronismo.
“No hay solución. Hace como 20 años esto ya era tema agenda cuando Federico Storani era ministro del Interior”, recuerda con resignación un histórico dirigente político que conoce como pocos la legislación electoral. Por ahora, todo indica que seguirá siendo parte de la agenda pendiente por una mejor democracia.
Fuente: Página 12
