Mientras el gobernador provincial decidió suspender
temporalmente los incrementos salariales para altos
funcionarios, los ajustes aprobados por el Tribunal de Cuentas
llevan el básico arriba de $1.340.000.
En Tierra del Fuego, los salarios del gobernador, la vicegobernadora, los
ministros y los secretarios de Estado están determinados por la
categoría E de la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas
provincial. Actualmente, ese básico asciende a $1.340.809,47, un monto
que se ajusta periódicamente según las decisiones del organismo de
contralor.
Tras conocerse el primer aumento del año del TCP, y en particular el de
la mencionada categoría “E” el pasado 4 de abril, el gobernador informó
por decreto la decisión de “suspender” el traslado de los incrementos.
En el decreto 1020/2025, se refiere que la medida es temporal y tendrá
efecto “retroactivo” en el momento en se puedan atemperar los efectos
de la crisis.
En particular, en lo que va del año, ese número llega al 10% superando
la inflación hasta el momento: un aumento del 4,5% en febrero y uno
del 5,5% en abril, con aplicación a marzo.
En febrero, el Tribunal de Cuentas dispuso un incremento del 4,5% para
los funcionarios de la categoría E. Poco después, el 4 de abril, el
gobernador Gustavo Melella emitió un decreto suspendiendo la
aplicación de este ajuste para él mismo, su vicegobernadora y los
miembros de su gabinete. Sin embargo, diez días más tarde, el mismo
tribunal aprobó un nuevo aumento, esta vez del 5,5%, que en principio
también quedaría congelado por la medida.
La suspensión, según aclara el decreto, es de carácter temporario y no
definitivo. Esto significa que, en el futuro, cuando las cuentas públicas lo
permitan, los funcionarios afectados recibirán los montos adeudados con
un cálculo retroactivo que incluirá todos los incrementos no aplicados
hasta el momento.
Lo llamativo de esta situación es la brecha entre los porcentajes
aprobados por el Tribunal de Cuentas y la inflación real. En febrero, el
índice de precios al consumidor a nivel nacional fue del 2,4%, casi la
mitad del aumento otorgado a la élite política fueguina. En marzo, la
diferencia fue similar: mientras la inflación llegó al 3,7%, el incremento
salarial para los altos cargos fue del 5,5%.
Esta disparidad genera interrogantes sobre los criterios utilizados para
las actualizaciones, especialmente en un escenario donde el ajuste fiscal
y la contención del gasto público son temas recurrentes en la agenda
política.
Aunque el congelamiento busca transmitir un mensaje de austeridad, la
posibilidad de que estos aumentos se liquiden en el futuro -y con
retroactividad- de ninguna manera cierra el debate sobre la coherencia
entre los discursos oficiales y las decisiones administrativas.
