El secretario de Hábitat y Ordenamiento Urbano de la
Municipalidad de Ushuaia actualizó información acerca de las
usurpaciones ocurridas en el sector K&D en los últimos días, en
casas que no están finalizadas y que permanecen bajo custodia de
la empresa constructora.
En los últimos días, la ciudad de Ushuaia fue escenario de un conflicto
habitacional que puso en evidencia la falta de viviendas y los retrasos en
la ejecución de proyectos de construcción. Cuatro familias ocuparon
ilegalmente viviendas en el sector K&D, un conjunto de 66 casas que
forman parte de un proyecto municipal destinado a reubicar a familias de
barrios como Escondido, Mirador del Bonete y Cañadón No Me Olvides,
quienes enfrentan graves problemas habitacionales y sanitarios. Sin
embargo, tras un proceso de diálogo y mediación, las familias desistieron
de la ocupación, según informó por FM Master’s David Ferreyra, secretario
de Hábitat y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Ushuaia.
El funcionario explicó que el proyecto de construcción de estas viviendas
se vio interrumpido hace 14 meses debido a la decisión del gobierno
nacional de no transferir fondos para obra pública. “Desde ese momento,
la empresa constructora tiene la custodia de las viviendas, algunas ya
terminadas, otras en proceso y algunas ni siquiera iniciadas”, detalló
Ferreyra.
Este contexto de incertidumbre contractual y financiera generó un vacío
que fue aprovechado por las cuatro familias, quienes, según el secretario,
no formaban parte del grupo original de reubicación. “Tres de estas
familias tenían menores a cargo, y una estaba compuesta por una sola
persona. Todas alegaban no tener un lugar donde vivir”, señaló.
Ferreyra enfatizó que, si bien la situación de estas familias es compleja, la
ocupación de las viviendas constituía una usurpación de propiedad
privada. “Les explicamos que estaban en una propiedad privada, no en un
terreno municipal, y que esto podría derivar en una denuncia judicial y un
eventual desalojo”, afirmó.
Además, ofrecieron a las familias alternativas temporales para alojarse y
les brindaron asistencia social a través de la Secretaría de Políticas
Sociales. Sin embargo, ninguna de las familias fue reubicada de manera
inmediata, tal como aclaró el funcionario: “Desmiento rotundamente que
se las haya reubicado. Solo se tomó nota de su situación habitacional y
social”.
El proceso de mediación culminó con la desocupación voluntaria de las
viviendas. Ferreyra atribuyó esta decisión a las condiciones inhóspitas de
las casas, que, aunque están terminadas, carecen de servicios básicos. “El
martes por la noche hizo mucho frío, y las familias, especialmente los
menores, habrían enfrentado una situación muy difícil”, explicó. Una de
las familias abandonó el lugar por sus propios medios el martes por la
mañana, y las restantes lo hicieron durante la noche, según informó la
policía.
El caso también puso en evidencia las limitaciones del sistema de registro
de demanda habitacional. De las cuatro familias involucradas, solo una
estaba inscrita en el registro y contaba con un puntaje que la ubicaba en
una posición favorable para acceder a una vivienda en el futuro. “A las
otras familias les recomendamos que se inscriban y esperen su turno,
como establece la normativa”, indicó Ferreyra.
La situación también revela la complejidad de abordar problemáticas
sociales desde una perspectiva técnica y administrativa. Ferreyra destacó
el trabajo de la Dirección de Gestión del Hábitat, que cuenta con
asistentes sociales para atender casos vulnerables. Sin embargo, aclaró
que “hay un trecho muy largo entre identificar a una familia en situación
de vulnerabilidad y reubicar de manera inmediata” según erróneamente
se informó en algunos medios.
El conflicto en el sector K&D no es un hecho aislado, sino un reflejo de
una problemática más amplia que afecta a Ushuaia y otras ciudades del
país. La falta de viviendas, los recortes presupuestarios y las demoras en
la ejecución de proyectos agravan las tensiones sociales y obligan a las
familias a tomar medidas desesperadas.
Finalmente afirmó Ferreyra: “sabemos que hay muchas familias en
situación vulnerable, pero resolver sus necesidades requiere tiempo,
recursos y un esfuerzo conjunto”.
