La provincia no informó sobre días de clases perdidos en 2024, según un informe nacional. Mientras otras provincias enfrentan huelgas, Tierra del Fuego permanece en la sombra, generando incertidumbre sobre la real situación educativa en la región.
En el marco de la crisis educativa que afecta a diversas provincias argentinas, la situación en Tierra del Fuego ha adquirido relevancia debido a la falta de datos oficiales sobre la cantidad de días de clases perdidos en lo que va del año.
Mientras otras provincias han informado sobre el impacto de los conflictos gremiales en el calendario escolar, la provincia más austral del país no ha aportado cifras para la estadística nacional de 2024. Esta ausencia de información contrasta con su situación en 2023, cuando Tierra del Fuego figuraba en el penúltimo lugar a nivel nacional en términos de días efectivos de clases, apenas por encima de Salta.
La problemática en Tierra del Fuego refleja un panorama más amplio en el país, donde, según un relevamiento de la Coalición por la Educación, muchas provincias no han logrado cumplir con los días de clases planificados para este ciclo lectivo. Misiones, por ejemplo, encabeza la lista de distritos con más conflictos gremiales, habiendo perdido 38 días de clases.
En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que declara a la educación como un «servicio estratégico esencial«, con el objetivo de garantizar la apertura de las escuelas durante las huelgas docentes y no docentes. Esta medida, sin embargo, ha generado críticas tanto por su potencial dificultad de implementación como por la percepción de que no abordará las causas profundas de la crisis educativa.
El proyecto de ley aprobado, que aún debe ser tratado en el Senado, propone la instauración de un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias. Según el artículo 4° de la norma, serán los directivos de cada establecimiento quienes tendrán que decidir e informar el personal asignado para asegurar las guardias al inicio de cada ciclo lectivo. En caso de huelgas de uno o dos días, deberá asegurarse la asistencia del 30% del personal, porcentaje que se elevaría al 50% si las huelgas se extienden por tres o más días.
A pesar de que algunas provincias como Formosa, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero no han registrado días sin clases en lo que va del año, el impacto de los conflictos gremiales en la educación es evidente en muchas otras. En Neuquén, por ejemplo, la primera mitad del año estuvo marcada por apenas cuatro semanas de clases completas en primaria y tres en secundaria. En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia homónima, también se han registrado días sin clases, aunque el impacto de las huelgas ha variado en intensidad.
La situación salarial es uno de los principales factores detrás de los conflictos gremiales. En marzo de 2024, el salario de bolsillo de un docente de educación primaria con 10 años de antigüedad en Argentina era de $416.215, según el último dato publicado por el Ministerio de Capital Humano.
En provincias como Misiones, los docentes, junto con otros empleados estatales, han protagonizado protestas en busca de una recomposición salarial, que incluso los llevó a marchar hasta la casa del líder político local, Carlos Rovira.
Las críticas al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio esencial han sido numerosas. Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, señaló que “el otro eje de ataque del Gobierno es contra el derecho a huelga de las organizaciones sindicales. Inició el año jactándose públicamente de no convocar a la paritaria nacional. Y ahora saca la ley de esencialidad. Entonces, al mismo tiempo que ataca el presupuesto, que ataca los salarios, que recorta, avanza con reformas educativas y demás en las jurisdicciones, pretenden cercenar el derecho a la protesta”.
Por su parte, María José Gutiérrez, secretaria general de UTE, subrayó que “si quieren soluciones, esta no es la manera, la forma es con presupuesto educativo, inversión, creación de escuelas, no es la manera nombrar a la educación un servicio, es un derecho social para todas y todos”.
Finalmente, Facundo Lancioni, secretario general de Seduca, opinó que la iniciativa es positiva en teoría, pero señaló que “la mayoría de los docentes sí quieren ir a trabajar. Estamos atravesando dos problemas en el país. En primer lugar, no hay docentes. Cada año baja la cantidad de egresados de los profesorados. ¿Por qué no hay? Se terminó esa fantasía, ilusión y romanticismo de que el docente es docente por vocación; también quiere ganar dinero y hoy es pobre. La falta de docentes responde a los salarios bajos”.
La situación en Tierra del Fuego, aunque no especificada en cifras para 2024, refleja los desafíos presentes en el sistema educativo argentino, donde el debate sobre la educación como un derecho versus su consideración como un servicio esencial, sigue siendo un punto central de la discusión.
