Por Verónica Benaim
Desde el parlamento nacional todavía no hay convocatoria formal de reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que tendrá que analizar la medida tomada por Mauricio Macri. Sin embargo se baraja la posibilidad de que haya un encuentro el 6 de febrero. Mientras tanto el decreto sigue vigente.
Días atrás, el Ministro del Interior Rogelio Frigerio consideró que “este DNU va a ir al Congreso, esto es algo que se va a discutir con representantes de ambas Cámaras de cara a la sociedad. Si realmente se convalida este DNU en el Congreso, la Argentina va a poder ratificar esta herramienta que ya está vigente. Es muy importante para la sociedad escuchar, ver las posiciones que tienen los distintos espacios políticos respecto a este tema tan importante”.
Competencias de la Bicameral
Por Ley, la comisión tiene como fin regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo, forma parte del grupo de comisiones especiales por lo que tiene la facultad de poder reunirse y trabajar aunque el parlamento se encuentre en receso vacacional.
Por lo que teniendo en cuenta los pasos a seguir, desde lo normativo, el Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días de publicado el decreto de delegación legislativa lo debe enviar al Congreso.
Esta Comisión está integrada por 8 diputados y 8 senadores y la designación de cada uno de los representantes se hace por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
Una vez reunida la bicameral tiene 10 días para emitir un dictamen que defina la validez o invalidez del decreto y elevarlo al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. Este aquí que desde los sectores opositores buscan tratar de derribar el decreto exigiendo que ingrese en el periodo de sesiones extraordinarias que Macri convocó para el mes de febrero.
Si bien todavía no hay una convocatoria formal de encuentro, aunque podría llevarse a cabo la primera semana de febrero, según el artículo 7 de la Ley 26.122 la Comisión Bicameral Permanente sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, sin embargo teniendo en cuenta el veraniego mes de enero se está estudiando la complicada situación de tratar de reunir a la totalidad de los integrantes que aún están de vacaciones.
Muchos legisladores provinciales, proyectan retomar sus tareas legislativas la próxima semana, pero en caso de que se venza el plazo establecido por la ley y la comisión no emita dictamen, las cámaras pueden tratarlo de manera inmediata. Cada cuerpo deberá emitir una resolución de validez o de rechazo. Para el primero sólo se requiere una aprobación de cualquiera de las dos cámaras sin embargo para el rechazo la resolución debe salir de los dos recintos.
Cabe destacar que la Ley que regula los decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el presidente no fijo un plazo para el pronunciamiento del Congreso sobre los DNU. Por lo que si hay silencio de ambas cámaras el decreto se considera aprobado.
En el medio de este receso estival en el Parlamento, que comenzará a tener movimiento estos últimos días de enero, hay otro tema que genera inquietud y que muchos vinculan con el apuro de Casa Rosada en firmar este decreto que establece la extinción de dominio de bienes obtenidos con hechos delictivos como corrupción, narcotráfico o trata de personas, entre otros.
La atención comenzará a pasar por los tribunales de Comodoro Py donde inicia en febrero el primer juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La senadora se sentará el 26 del próximo mes en el banquillo de los acusados en un juicio oral por corrupción. Allí será juzgada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que la responsabiliza de ser jefa de una asociación ilícita, a través de la cual habría defraudado al Estado en $ 46.000 millones al favorecer a Lázaro Báez con el otorgamiento de contratos de obra pública vial en Santa Cruz.
Desde el oficialismo apuntaron que con la vigencia de este DNU se puede avanzar en decomisar el dinero que supone fue robado al Estado, pese a la sentencia que deberá definir una vez finalizado el juicio la justicia.
«Esto me parece importante decirlo porque los Kirchner adquirieron sus famosos hoteles en el año 2008 y como esta causa cubre ese año, son bienes a los que se les puede aplicar la extinción de dominio», explicó en un programa televisivo la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.
Sin embargo, desde la oposición más kirchneristas, dos diputados presentaron el viernes en la procuración general de la nación el primer pedido de decomiso de bienes con el objetivo de “recuperar lo robado” apuntado a Gianfranco Macri, hermano del presidente por la supuesta venta irregular de parques eólicos.
Retomando los plazos y competencias del Congreso, habrá novedades en los próximos días, cuando los representantes comiencen poco a poco a llegar después de su descanso estival, mientras tanto el Poder Ejecutivo posee el DNU como si fuera una espada en sus manos.
Durante el 2018 la Comisión Bicameral de Trámite Permanente se reunió unas seis veces y ratificó, entre otros, los siguientes decretos firmados por el presidente de la Nación:
El que deroga el Decreto 206/2009 de Creación del Fondo Federal Solidario.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia N°545/18 (modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional, ejercicio 2018) y 575/18 (modificación de diversos artículos de la Ley de Ministerios, 22520).
El Mensaje N° 11/18 que comunica el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 310/2018 por el cual se suspende desde el 1° de Enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018.
La aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814/2001 y sus modificatorias, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada, que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las Leyes 13.047 y 24.049. Esto viene sucediendo desde el año 2001, ya que, al uniformarse las contribuciones patronales de seguridad social a todos los empleadores sin distinción, las instituciones educativas de gestión privada se vieron perjudicadas al ser exentos frente al IVA y por lo tanto no pueden tomar créditos fiscales por las contribuciones referidas. Año a año se extiende esta excepción mediante el dictado de un DNU.
Por otro lado, en 2017, según los datos suministrados por la página oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, se rechazaron los DNU 698/17 que crea la Agencia Nacional de Discapacidad y el 746/17, que modifica la ley de Ministerios. Sin embargo, los dictámenes de rechazo no llegaron a tratarse en ninguno de los recintos por los que se asumió que el silencio del Congreso significa la vigencia de los mismos.
