De acuerdo a un informe publicado por Clarín, el régimen promocional de Tierra del Fuego “es el eje de un fuerte debate sobre los costos y beneficios de prorrogar, modificar o clausurar el polo industrial donde se ensamblan productos electrónicos (celulares, TV y aires, entre otros), bajo una estructura de subsidios y privilegios”.
“En la discusión participan empresas, funcionarios provinciales y nacionales, en la que se mezclan negocios, intereses comerciales y también políticos”, señala el artículo.
La industria fueguina concentra críticas y apoyos desde sus inicios, en 1972. Establecido por la ley 19.640, el régimen fue extendido, modificado, ampliado y limitado a lo largo de los años. Hoy, a 4 años de caducar, fabricantes y empresarios reclaman extender los beneficios fiscales (la producción no tributa IVA, Ganancias ni derechos a la importación) 20 años, mínimo. Argumentan que la actividad derrama sobre la economía de la isla, el empleo y que aporta el 38% de la recaudación provincial.
Sus opositores machacan sobre el costo fiscal de sostener el régimen ($44.000 millones anuales, según figura en el último Presupuesto) y los altos precios de los productos, que pagan los consumidores de todo el país. Dentro del propio Gobierno hay diferencias de opiniones. Entre los más tolerantes al régimen (las palomas) están el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el de Producción, Dante Sica, considerado “un amigo de los industriales”, según la definición de Rubén Cherñajovsky, presidente del grupo fueguino Newsan. Entre los más críticos (los halcones) se encuentran el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el vice de esa cartera, Miguel Braun.
Aunque Tierra del Fuego no sea prioritario en la agenda oficial, industriales y funcionarios reconocen que ya hay conversaciones. “Las empresas necesitan tener un horizonte más amplio para concretar inversiones. La expectativa es que se pueda abrir una negociación, porque se necesitan adecuaciones, como sumar nuevos productos”, opina Fabio Rozenblum, CEO de Mirgor, que fabrica TV y celulares para Samsung.
Federico Hellemeyer, presidente de la AFARTE (la cámara sectorial) añade que todas las empresas pretenden la extensión de la promoción, “tal como hizo Brasil con Manaos”, el polo industrial “espejo” de Tierra del Fuego, que fue prorrogado hasta 2073. Hellemeyer advierte que si la Argentina no hace lo mismo, “le entregaríamos el mercado a Brasil, que puede ingresar productos al país sin aranceles como socio del Mercosur”.
“El problema no es Brasil sino China. Sin la promoción fueguina se podría importar directamente más barato. La visión del Gobierno es que el régimen tiene un elevado costo fiscal y como resultado de eso, el impacto es negativo porque dificulta el acceso a la tecnología, porque los celulares cuestan más caros de lo que deberían costar”, dijo al Económico un alto funcionario de Hacienda. Sin embargo, aclaró es “la política oficial” es ir hacia un escenario de mayor competencia, en forma gradual, pero subrayó que “la opinión del Ministerio de Hacienda es avanzar más rápido”.
Más contemplativo, un funcionario del área de Sica señala la encrucijada del polo industrial fueguino. “Hay una población que vive de esto y debemos hallar algún esquema para que pueda continuar con algunos beneficios, en una ruta de mayor competencia”, dijo. La misma fuente reconoce que existen diferencias dentro del Gobierno sobre cómo encontrar alternativas económicas para la isla. “Pero hay un alto consenso en que hay que empezar a reducir el régimen y evitar que crezca”.
Agenda electoral
Las presiones se incrementan a medida que avanza el calendario electoral. Con el aval empresario y de la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, que va por la reelección, diputados del PJ Federal impulsan un proyecto de ley para extender el régimen por 20 años más. Desde el Gobierno calificaron la iniciativa como oportunista y sin chances de prosperar. “Es inviable. Es como si (Horacio) Rodríguez Larreta pidiera que eliminen Ganancias en Capital. Ninguna provincia lo apoyaría”, dicen. Otro funcionario chicaneó: “El proyecto es perfectamente consistente con el discurso peronista, cuyo objetivo real es que los celulares salgan más caros”.
Sobre este último punto, el costo de los electrónicos producidos localmente, el CEO de Newsan, Luis Galli, fue enfático: “Hay que acabar con ese mito. No es verdad que la electrónica es cara. Un mismo producto, si se lo compara con lo que vale en otros países de la región, es más barato”, dijo. Y añadió: “Incluso si se compara con los precios de otros bienes de la economía, como autos y textiles, resultan mucho más baratos”.
Tierra del Fuego es una encrucijada de difícil salida. El principal interrogante es el futuro de Río Grande y sus 75.000 habitantes, cuya supervivencia depende exclusivamente del régimen promocional. En una geografía áspera y hostil, con ráfagas de viento incesantes y sin los atractivos turísticos de su hermana mayor, Ushuaia, se construyó esa ciudad artificial a partir de la radicación de diversas industrias, principalmente del rubro electrónico.
Concebido inicialmente para poblar la provincia más austral del país, la promoción industrial se encamina a cumplir 50 años de vida, mucho más que el plan original. Por su alto costo fiscal (las fábricas no tributan IVA, Ganancias ni aranceles de importación), y social (productos más caros) el Gobierno nacional pretende limitar gradualmente los beneficios. Por el contrario, empresas y la administración provincial reclaman una nueva prórroga (de 10 a 50 años más), con el fin de sostener la economía fueguina y garantizar el retorno de futuras inversiones.
“La industria electrónica representa el 50% de la producción manufacturera de Tierra del Fuego. Sin embargo, cuando se habla del costo fiscal se culpa sólo a la electrónica”, manifestó Federico Hellemeyer, presidente de la AFARTE, la cámara sectorial, que aglutina a 15 grupos empresarios, entre ellos Newsan, Mirgor, Radio Victoria, BGH, Philips (de la taiwanesa TPVision) y Brightstar.
Más allá de estos dilemas, el consultor especializado Enrique Carrier sostiene que la salida correcta sería esperar el vencimiento del plazo del régimen. “Hay 4 años para preparar la transición y la crisis, en parte, se encargó de depurar el régimen”. Con franqueza, Carrier admite que “nunca estuve de acuerdo” con la promoción, porque “es una industria basada en pulmotor”. Y agrega: “La idea de las promociones industriales es que se respete su duración y que el rubro beneficiado tenga a la larga alguna ventaja competitiva”.
Carrier usa la imagen de un niño con andador. “En algún momento, hay que sacárselo al chico (la industria beneficiada) para que aprenda a caminar solo”.
