La resolución surte tras el amparo presentado por el Frente de Todos que cuestiona a la empresa contratada.
La jueza con competencia Electoral, María Romilda Servini resolvió designar veedores con el objetivo de dar mayor certidumbre al escrutinio provisorio. Fue tras los reclamos de la oposición y luego de que el Gobierno aceptara el nombramiento de observadores para seguir el proceso técnico de recuento.
En simultáneo Servini decidió no tratar el amparo que había presentado el Frente de Todos para suspender el recuento provisorio. La jueza dispuso poner al frente de la tarea al máximo responsable de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, quien además podrá convocar a los «agentes que considere necesarios» para reforzar el control de la transmisión de datos y el conteo, uno de los pedidos que había formulado el Frente de Todos.
El espacio encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner había presentado un amparo contra el Estado nacional, el Correo y Smartmatic para dejar sin efecto la digitalización de los telegramas y el conteo por parte de esa empresa. A través del Ministerio del Interior, el Gobierno rechazó las acusaciones, defendió el proceso de transmisión y escrutinio provisorio, y avaló la presencia de los veedores judiciales más allá de los fiscales de cada frente electoral.
“Nos parece bien. Cuántas más transparencia y más miradas, mejor. Van a poder ver todo el proceso, a qué hora sale el telegrama, a qué hora llega, quién lo carga. Hay trazabilidad. Antes se veía cuando ya estaba computado”, dijo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.
La Cámara Nacional Electoral había intimado al Poder Ejecutivo a que pusiera los softwares a disposición de las agrupaciones políticas. Habrá uno para la transmisión de telegramas y otro para el escrutinio provisorio.
“No hay tiempo para auditar y si descubrimos que tiene fallas, como sugieren los informáticos que trabajan con nosotros, ¿cómo hacés para introducir las modificaciones? No sirve de nada ahora”, se quejó Jorge Landau, apoderado del Frente de Todos. “En todas las mesas vamos a tener un fiscal y en cada escuela un fiscal informático que va a ir verificando el traspaso de la información. Es una tarea ciclópea, porque hay que hacerla en todo el país. Para dar una idea, sólo en la provincia de Córdoba son 10 mil fiscales”, dijo a El Destape.
