A través de la creación del «Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera», el gobierno tiene como objetivo darle una solución a las provincias que habían invertido en Letras del Tesoro en Pesos (Letes) y Letras Capitalizables (Lecaps) y resultaron alcanzadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Mauricio Macri para postergar el pago de la deuda.
La medida firmada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispuso mediante la resolución 731 que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial será el encargado de asistir financieramente a las provincias «contra la cesión de los títulos de deuda pública nacional de corto plazo».
A cargo del programa estarán el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; y el secretario de Provincias de Interior, Alejandro Caldarelli; y su número dos, Paulino Caballero.
Para «rescatar» los fondos a través del programa, las provincias deberán cumplir con un requisito: demostrar su necesidad de cubrir «salarios y servicios esenciales». Recibirán el 85 por ciento de esas letras. El otro 15%, como estipulaba el decreto de Macri, ya fue abonado la semana pasada.
La inversión en letras fue una maniobra a la que recurrieron diez provincias para cubrirse de la volatilidad del dólar: en la mayoría de los casos, no se trata de ahorros; sino de fondos ya comprometidos para el pago de salarios y aguinaldos.
La principal afectada con el DNU 596/2019 de Macri fue la provincia de Buenos Aires, que cuenta con unos 500 millones de dólares en letras, según el cálculo que hacen en la Casa Rosada, como forma de despegar la decisión del jefe de Estado de cualquier especulación política.
En efecto, también quedaron atrapados por la postergación de los plazos de pago otros dos distritos oficialistas: Mendoza, con cerca de US$ 205 millones; y la Ciudad de Buenos Aires (US$ 123 millones).
Según publica hoy el diario Clarín Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro, San Juan, Salta y Santa Fe, son las otras provincias. Varias de ellas habían amenazado con ir a la Justicia y pedir un amparo, bajo el argumento de que los fondos, al ser de sus ciudadanos, no podían ser considerados de tenedores institucionales sino de personas físicas; pero decidieron aguardar una respuesta del ministro del Interior, Rogelio Frigerio; quien trabajó en conjunto con Lacunza.
Según estimaciones del Gobierno, la suma que debe cubrir gira en torno a los US$ 1.300 millones, pero las provincias estiman que la cifra es aún mayor.
