Durante el primer mes del 2019, en sólo 31 días, se registraron 22 femicidios y 10 travesticidios en el país, por eso organizaciones feministas, políticas y sociales marcharon en distintos puntos de Argentina, exigiéndole al Gobierno Nacional y Provincial que tomen las medidas necesarias para revertir esta situación, asegurando el derecho a la vida de las mujeres.
En Ushuaia la concentración fue en San Martín y Fadul, marchando luego hasta el Superior Tribunal de Justicia. En Río Grande en la Torre de Agua con marcha alrededor de la Plaza Almirante Brown. Pero el reclamo fue el mismo.
“Desde Tierra del Fuego nos sumamos a esta convocatoria porque es muy terrible lo que está pasando en este primer mes del año los más de 20 femicidios, y también contar los travestisidios que son crímenes de odio, básicamente lo que estamos pidiendo en esta convocatoria es el llamado a la emergencia nacional, pensar que estamos en un año electoral, entonces realmente la agenda de género y de la erradicación de la violencia de género tiene que estar en todas las campañas partidarias y tiene que hacerse efectiva” explicó a Tiempo Fueguino Ayelén Martínez del colectivo feminista La Hoguera.
Y agregó “entendemos que desde el Ni una Menos del 2015 hasta hoy esto no cesa, nos siguen matando, entonces la idea de la convocatoria es básicamente eso sumarnos a este repudio y sumarnos también a seguir pensando desde el movimiento feminista y desde el conjunto de las mujeres a como seguir accionando de cara al 8 de marzo se será el próximo Paro Internacional de Mujeres”.
Consultada sobre cómo impacta la reducción del presupuesto nacional dedicado al cumplimiento de la ley 26.485 de erradicación de la violencia contra la mujer, Martínez sostuvo “lo que vemos es que del primer Ni una Menos hasta hoy el presupuesto ha sido reducido, lo que vemos en estos últimos femicidios es que muchas de las mujeres que hoy están muertas habían acudido a la justicia, habían realizado denuncias, por lo que hay algo en el sistema que no está funcionando que por eso nos siguen matando, por eso también pedimos que no solo el Estado sino la justicia también se pongan los pantalones y que planteen un accionar con perspectiva de género en serio, porque lo que vivimos es esto, hay denuncia que no se efectivizan y finalmente los asesinos, el femicida, las matan en la cara de todos los jueces”.
“Emergencia Nacional ya”
En Río Grande la convocatoria sumó a un centenar de personas que “bajo la consigna Paren de Matarnos exigimos que el gobierno nacional y el gobierno provincial asignen las partidas correspondientes para abordar las problemáticas de violencia sobre las mujeres y las problemáticas de violencia por odio de género” sostuvo Ana Villanueva integrante de la Colectiva Feminista Río Grande y de la Ría, por otro lado también exigieron “que se reconozca el trabajo de todas las voluntarias que hoy están haciendo acompañamiento en los casos de violencia, que lo hacen absolutamente ad honorem y con la responsabilidad de una tarea que indudablemente tiene que estar a cargo del Estado, que debe ser reconocida y que además, debe ser remunerada”.
Asimismo, agregó “los $11 que ha destinado en el presupuesto de este año el Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de las mujeres resultan al absolutamente insuficiente ante la creciente cantidad de femicidios y travesticidios que se van produciendo solamente en el mes de enero, entendemos que la problemática de la violencia contra las mujeres y la del odio por cuestiones de género antes se mantenía más velada o oculta y que hoy por la magnitud que tiene la militancia, sobre todo la militancia feminista en estos temas, ha hecho que estas problemáticas se visibilicen”.
“Nosotras sostenemos que no es que haya más o menos femicidios que antes, lo que si es cierto que hay un colectivo que apunta a que estos femicidios se visibilicen, para que no perdamos de vista que son vidas humanas que se quitan, y que además en esa situación también se ve afectado todo un entorno familia,r como pasó en el caso que es conocido en nuestra provincia de Nilda Núñez cuyos hijos además debieron ser desarraigados porque pasaron al cuidado de sus abuelos maternos, en una provincia este diferente a su lugar de residencia y reclamando de manera permanente asistencia para su subsistencia” explicó Villanueva.
Y precisó “estas problemáticas son mucho más abarcativas y más complejas que la muerte de las mujeres, no obstante seguimos insistiendo en que no podemos seguir viviendo con miedo las mujeres, pensando cuando va ser el día en que ya no regresemos a nuestras casas, la situación es compleja, muy complicada y por eso también muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres jóvenes, se movilizan y participan de estas movilizaciones” concluyó.
Fondos nacionales
En el documento que se leyó en Río Grande quedó plasmado en qué consiste la declaración de la emergencia nacional por violencia de género, allí explicaron, en cuanto al presupuesto se refiere a “asignar partidas presupuestarias extraordinarias para desplegar las medidas necesarias de asistencia y prevención. También permitiría reasignar presupuesto”.
Asimismo, propone la creación de refugios “crear en todo el territorio nacional centros de día y refugios como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad”.
Además, en cuanto al patrocinio jurídico que contempla la ley vigente exigieron “puesta en funcionamiento del cuerpo de abogados y abogadas para atender a víctimas de violencia, creado por ley pero nunca reglamentado”.
Con respecto a la situación económicas de las víctimas “disponer para las mujeres en situación de violencia de una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, entendiendo que una de las principales consecuencias de la violencia doméstica es el aislamiento del ámbito laboral y social”.
Por último, sobre las Promotoras territoriales en prevención de violencia, “proponemos que se incorpore un plan nacional de promotoras comunitarias en prevención y acompañamiento de mujeres en situación de violencia, siendo esta una tarea remunerada. La mayoría de las veces somos las mismas mujeres las que acompañamos a nuestras pares en este proceso y eso no es reconocido por el Estado”.
Fuente: Tiempo Fueguino
