Este lunes el precio del barril de petróleo aumentó 14% tras el impacto de los atentados con drones a los pozos de crudo de Arabia Saudita.
Sin embargo, el Gobierno mantendrá el congelamiento de las naftas decidido tras las PASO con el que busca ponerle tope a la inflación, que podría superar el 6% este mes de septiembre. El plazo establecido por decreto del congelamiento de las tarifas es de 90 días, es decir, hasta el 12 de noviembre.
Fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich el encargado de hablar con la prensa tras la reunión de Gabinete. «Lo que ocurrió hoy es muy disruptivo ya que aumentó el crudo casi 10 dólares. Esto define el costo del precio de las empresas. Quedamos en ver cuál es la evolución y a partir de ahí, analizar si hay que tomar alguna decisión como se han tomado hasta ahora, entendiendo que las medidas que hemos tomado no son las que queremos, sino que son consecuencias de los desequilibrios económicos que se sucedieron tras las PASO», dijo Dietrich.
Desde que se aplicó el congelamiento el Gobierno ya flexibilizó el acuerdo en más de una ocasión: Primero liberó los precios del segmento mayorista y ahora estableció una compensación para aumentar, marginalmente, el monto que reciben los productores por cada barril que venden en el mercado local. Y también fijó compensaciones para las provincias petroleras.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 552 que especifica que se mantendrá el barril de crudo congelado en US$59 -contra los US$ 70 a los que cotiza en el mercado internacional- y que se llevará el tipo de cambio que perciben los productores de US$ 45,19 a US$ 49,50, contra US$ 56,28 a los que cerró ayer el dólar mayorista.
Para cubrir el faltante y alcanzar los US$ 49,50 el Gobierno transferirá $ 102,7 por barril a las empresas y $ 13,93 a las provincias petroleras. Esto tendrá un costo para la Nación de $ 1.550 millones.
La resolución sumó una condición que, según las petroleras y las provincias, no formaba parte de las discusiones previas: para percibir la compensación deben desistir de las demandas que iniciaron contra la Nación a raíz del congelamiento.
Hasta ahora, las demandas fueron presentadas por las provincias de Río Negro y Neuquén y por la petrolera Vista, la empresa de Miguel Galuccio, ex YPF. Estos tres actores ratificaron ayer que seguirán adelante con sus reclamos judiciales.
«Vamos a rechazar el subsidio de manera categórica», dijeron desde Vista. «No solo está lejísimo de compensar el daño que los productores estamos sufriendo, sino que tampoco sirve ante la brecha que se abrió frente al precio internacional». Y sostuvieron que el pedido de desistir de las acciones legales «carece de todo fundamento jurídico». También los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmaron que rechazarán esta cláusula.
«Al viernes teníamos los precios en el surtidor 35% por debajo de lo que cuesta producir el combustible. Con este salto nos vamos a más de 40% abajo», le dijo a Clarín una de las petroleras que no demanda al Estado.
La incertidumbre se potencia cuando piensan en los que ocurrirá cuando se cumplan los 90 días del acuerdo. «Hoy el litro de nafta está en US$ 0,8 cuando debería valer US$ 1,2. Cuando descongelen estalla todo», recalcaron.
