Siete provincias se suman a la embestida judicial contra Nación por la coparticipación

Gobernadores de al menos siete provincias presentaron hoy un pedido para que la Corte Suprema de Justicia intime al gobierno de Mauricio Macri a que cumpla con la medida cautelar y pague la compensación derivada del reciente fallo del máximo tribunal. De acuerdo a lo convenido en la reunión realizada el pasado martes en territorio porteño, los jefes de estado de las provincias exigen que Nación se haga cargo del costo fiscal de las medidas presidenciales post PASO sin que esto modifique la coparticipación.

Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Salta, Formosa, San Juan y Entre Ríos se suman a la embestida iniciada el martes por Santiago del Estero y que continuó el pasado miércoles con la presentación de Catamarca. Aún resta la confirmación oficial de Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Chubut.

“Acabo de presentar, en coordinación con las otras provincias litigantes, pedido a la Corte Suprema de Justicia para que intime al Gobierno Nacional a que cumpla con la medida cautelar dispuesta por la misma Corte, de no perjudicar la coparticipación de los misioneros”, comentó en las redes sociales el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

Desde agosto a diciembre se estima que son cerca de 47 mil millones de pesos de pérdida lo que afrontan las administraciones provinciales debido a la decisión de Nación. El planteo de las provincias a la Corte fue concreto. Si Nación quiere reducir impuestos que lo haga con fondos propios, sin afectar la coparticipación.

Las provincias se reunieron el martes en la Comisión Federal de Impuestos y acordaron presentar las intimaciones, teniendo en cuenta que el gobierno de Macri no daba respuestas. En ese encuentro, consideraron que el pedido de Nación de realizar una audiencia pública para calcular junto a las provincias cuánto dinero debería reintegrar forma parte de una medida para ganar tiempo y no cumplir el fallo judicial.

Los gobernadores intentan resolver de inmediato una situación que, desde Casa Rosada pretender estirar con el fin de que no afecte aún más una campaña compleja en vistas a las próximas elecciones generales del 27 de octubre.